Bienvenido a Minuto Justicia, donde cada día cuenta. Nuestro contador en tiempo real refleja la paralización de casos judiciales de connotación pública.
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El caso por mala práctica profesional llega a su etapa final con una audiencia de casación este 9 de junio
En el contador de Minuto Justicia, hoy se marcan 3.245 días desde la muerte de Michelle Cobo. Han pasado casi 10 años desde aquel 17 de julio de 2016, cuando la joven estudiante de Psicología de 20 años, saludable y llena de proyectos, ingresó al quirófano de una clínica en Quito para realizarse una cirugía estética. Un día después, murió por una infección generalizada causada por una bacteria del grupo más letal de los estreptococos.
El procedimiento fue practicado en la Clínica San Gabriel, aunque vinculado a la Clínica Steticus, propiedad de Hugo Patricio Toscano, quien dirigía las intervenciones sin tener licencia como médico cirujano. Según la Fiscalía, Carlos Hurtado fue quien operó realmente a Michelle. A ambos ya se los había condenado años antes por la muerte de otra paciente, por eso caso cumplieron menos de un año de prisión y reabrieron su clínica como si nada hubiese ocurrido.
En el caso de Michelle Cobo Vallejo, la justicia los halló responsables del delito de homicidio culposo por mala práctica profesional. También fue condenada María Eugenia Muñoz, entonces gerente de la clínica, por permitir una cirugía en condiciones irregulares. La sentencia fue clara: seis años y ocho meses de prisión para Toscano y Hurtado, tres años para Muñoz, y una reparación integral de 160.000 dólares.
Pero el camino hacia esa sentencia ha sido largo, lleno de recursos, tecnicismos y estrategias de dilación. Los acusados han intentado por todos los medios frenar el proceso: presentaron acciones de protección, alegaron falta de congruencia, pidieron la prescripción de la pena. Hurtado permanece detenido en Estados Unidos por otros motivos; Toscano y Muñoz se encuentran en libertad y sin cumplir las medidas cautelares impuestas.
El 24 de diciembre de 2019, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazó los recursos de casación. Los abogados de los sentenciados cuestionaron esa decisión, y en 2022, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Sala de Admisión de la CNJ, por lo cual, cientos de casos fueron admitidos en la instancia de apelación, incluido este.
Así, el próximo lunes 9 de junio de 2025, a las 08h30, se llevará a cabo la audiencia de casación. Será la última instancia posible. Una oportunidad para confirmar —o desbaratar— la sentencia que representa una de las pocas condenas firmes por mala práctica profesional con reincidencia en Ecuador.
“Este no es solo un juicio. Es una batalla moral. Lo que está en juego es el derecho de toda persona a una atención médica segura, ética y profesional”, señala José Molina, abogado penalista y defensor de la familia de Michelle. “Para la familia Cobo Vallejo, que ha vivido casi una década de dolor y espera, obtener justicia es parte fundamental de su lucha para ninguna persona vuelva a pasar por una situación similar”.
El caso Michelle Cobo no es uno más. Es la historia de cómo el sistema judicial ha sido puesto a prueba, desde la Fiscalía, que en palabras del abogado defensor de la familia Cobo-Vallejo ha actuado en regla, hasta la Corte Constitucional. La pregunta que queda en el aire es si la justicia puede realmente vencer al desgaste, a la impunidad disfrazada de procedimientos, y a los silencios institucionales.
Michelle no era una víctima abstracta. Estudiaba Psicología, hacía voluntariado con niños con enfermedades catastróficas, y soñaba con ayudar a otros. Su vida fue truncada por una decisión médica irresponsable y por un sistema de salud privado que operó sin control, sin ética y sin límites.
Para su familia, estos casi 10 años han sido una maratón judicial, emocional y simbólica. Cada recurso rechazado, cada audiencia suspendida, cada silencio, ha sido una forma de revivir el dolor. Lo que piden no es venganza, sino un acto de dignidad: que el Estado confirme que la vida de Michelle valía, que su muerte fue injusta, y que quienes la causaron asuman su responsabilidad.
La audiencia de casación del 9 de junio será definitiva. Si la Corte ratifica la sentencia, los condenados deberán responder ante la justicia.
A 3.245 días de su muerte, Michelle Cobo sigue esperando que el sistema legal le diga a su familia lo que nunca debió ponerse en duda: que su hija merecía vivir, y que su nombre será sinónimo de justicia, no de olvido.
El conocido como Caso Pruebas PCR inició en mayo de 2020, cuando la Fiscalía General del Estado lideró allanamientos para obtener información sobre el proceso de compra de 250 mil pruebas PCR durante la pandemia del Covid 19 por parte del Municipio de Quito. Finalmente, 14 personas fueron vinculadas al proceso, una de ellas la científica Linda Guamán, considerada por el MIT como una de las 100 mentes más prometedoras del mundo de la ciencia. Sobre ella, la revista Science, de las más influyentes a escala mundial, desarrolló en 2021 un reportaje en el que se denunció la politización de la justicia y la criminalización del trabajo científico. En 2023, El Premio Madoxx, impulsado por la revista Nature, colocó a Linda Guamán como una de las finalistas para obtener este galardón que se ofrece a personas que trabajan en el desarrollo científico, a pesar de la persecución y las condiciones adversas.
El caso avanzó hasta la etapa de juicio en octubre de 2021. Durante dos semanas, la Fiscalía llamó a sus testigos y peritos. En redes sociales se creo el # CienciaEnJuicio que dejó entrever los absurdos de la acusación. El 21 de octubre de 2021, cuando las defensas debían empezar a actuar su prueba, el exalcalde de Quito y uno de los vinculados, Jorge Yunda, recusó al juez Fabián Fabara, quien era parte del tribunal.
Desde esa fecha, no se ha conformado un nuevo tribunal ni se ha retomado la audiencia, que dada la recusación debe empezar desde cero. Si bien en julio de 2023, se ordenó el retiro del grillete electrónico que fueron obligados a portar como parte de las medidas cautelares, la prohibición de salida del país se mantiene.
A inicios de 2019, cuando el expresidente Lenín Moreno se encontraba en el poder, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa para determinar presuntos actos delictivos alrededor de una supuesta coima entregada por la empresa Sinohydro, de origen chino, para destrabar el financiamiento de la hidroeléctrica Coca Codo. Pasaron cuatro años para que el caso avance hacia la formulación de cargos en contra de Moreno y otras 36 personas, incluidos miembros de su familia, por el presunto delito de cohecho. En cadena nacional, la fiscal general, Diana Salazar, calificó a este como el delito de corrupción más grande de la historia del Ecuador. A partir de ese momento el caso avanzó relativamente rápido, acorde con los tiempos procesales. No obstante, el proceso se detuvo en la instalación de la audiencia preparatoria de juicio, que debía iniciar el 15 de septiembre de 2023, pero que fue suspendida debido al pedido de la defensa del expresidente Lenín Moreno, quien solicita una asistenta penal internacional a España, la misma que, de acuerdo con expertos y como lo han relatado varios medios de comunicación podría demorar hasta dos años en llegar. Con lo que el proceso está en el riesgo de seguirse dilatando, a pesar de la urgencia de la Fiscalía por llegar a una decisión de la Corte Nacional de Justicia que establezca responsables.
Además, se ha denunciado una desigualdad en las medidas cautelares que pesan sobre los vinculados, pues mientras Moreno y su esposa, quienes viven en Paraguay, no portan grillete electrónico, ni tienen prohibición de salida del país y pueden cumplir su presentación periódica por zoom, otros procesados con mayores arraigos y que están en el Ecuador, sin riesgo de fuga, deben llevar todo el peso de las medidas.
Paola Roldán Espinosa, de 42 años, padece Esclerosis Lateral Amiotrófica y se convirtió en la primera mujer en plantear la despenalización de la eutanasia en Ecuador. Junto con un equipo de abogados, Paola demandó la inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, para que el personal médico que ayude a pacientes con enfermedades catastróficas e incurables, que generan dolores crueles, a morir con dignidad no sean penados por el delito de homicidio.
Si bien la Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite esta petición el 20 de octubre de 2023 y la declaró prioritaria, el tiempo es un elemento fundamental en este caso, pues el estado de Paola se deteriora rápidamente y es probable que en el corto plazo pierda la capacidad de comunicarse. Al momento, Paola ha perdido el 100% de la movilidad de su cuerpo y depende de un respirador artificial, puede hablar y controlar los movimientos de su cara y espera que la Corte le garantice su derecho antes de que deba morir en condiciones indignas.
El 20 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la audiencia en la que los jueces escucharon a Paola y los argumentos de su equipo legal; sin embargo, una decisión es apremiante.