A la espera de una decisión en el caso Sinohydro: más de 2.300 días de proceso sin resolución
Este 13 de noviembre, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, dará a conocer su decisión sobre si llama a juicio o dicta auto de sobreseimiento en el caso Sinohydro, proceso abierto por presunto cohecho en torno al financiamiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Una causa que se remonta a 2019
El caso se inició a comienzos de 2019, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno, cuando la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa para determinar presuntos actos de corrupción relacionados con una supuesta coima entregada por la empresa Sinohydro, de origen chino, para destrabar el crédito que permitió construir el proyecto hidroeléctrico.
Cuatro años más tarde, la investigación derivó en la formulación de cargos contra Moreno y otras 36 personas, incluidos miembros de su familia, por presunto delito de cohecho. En cadena nacional, la fiscal general Diana Salazar calificó el expediente como “el caso de corrupción más grande en la historia del Ecuador.”
Más de 2.300 días sin resolución
Han pasado más de 2.300 días desde que se inició la investigación y el caso aún no tiene una resolución judicial definitiva.
Aunque al inicio avanzó con rapidez, el proceso se detuvo en septiembre de 2023, cuando debía instalarse la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia fue suspendida tras el pedido de la defensa del expresidente Moreno, quien solicitó una asistencia penal internacional a España.
Finalmente, la audiencia preparatoria de juicio se reinstaló en septiembre de 2025, permitiendo que las partes expongan nuevamente sus argumentos y quedando el expediente a la espera de una resolución del juez Hernández.
Si el magistrado decide llamar a juicio, el tiempo seguirá corriendo sin que exista una resolución definitiva, prolongando uno de los procesos más extensos y mediáticos de la última década.
Desigualdad en las medidas cautelares
El caso también ha generado críticas por la desigualdad en las medidas cautelares. Mientras Moreno y su esposa, que residen en Paraguay, no portan grillete electrónico, no tienen prohibición de salida del país y cumplen sus presentaciones por videoconferencia, otros procesados con arraigo en Ecuador —y sin riesgo de fuga— enfrentan restricciones mucho más severas.
Entre ellos, Priscilla Burneo Patiño, cuyo caso ha despertado la atención pública. De acuerdo con su defensa, encabezada por el abogado Felipe Rodríguez, Burneo fue vinculada por su apellido materno (Patiño) y procesada con elementos probatorios carentes de sustento jurídico.
Una acusación sin materialidad penal
Según la defensa de Burneo, entre los “elementos de convicción” que sustentan la acusación constan:
Un oficio del Registro Civil que acredita parentesco familiar.
Una descarga del portal de la Superintendencia de Compañías donde consta como accionista de una empresa.
Un acta de cambio de objeto social de la empresa Recorsa que no tiene su firma, de acuerdo con un peritaje que consta en el expediente fiscal.
A pesar de ello, Burneo ha permanecido 879 días bajo medidas cautelares, incluida la imposición de un grillete electrónico, a la espera de una decisión judicial.
Expectativa por la resolución
La resolución que el juez Hernández anuncie este 13 de noviembre podría definir el rumbo de uno de los procesos más observados en la historia judicial reciente del país.
La expectativa se centra en si el magistrado considerará que existen méritos para llamar a juicio a los 37 vinculados o si, por el contrario, dictará auto de sobreseimiento, cerrando así un capítulo que, tras más de seis años y 2.300 días de trámite, sigue pendiente de una definición en Derecho.