La Fiscalía concluyó la presentación de su prueba testimonial: ¿qué aportaron los testimonios y peritajes?
El juicio por presunto cohecho en el denominado «Caso Sinohydro» ha llegado a un punto de inflexión. En el día 21 de la audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la conclusión de su etapa probatoria contra 21 procesados, sustentando su caso en 19 pericias, 29 testimonios, 90 documentos y 14 asistencias penales internacionales.
La narrativa oficial del Ministerio Público a través de sus redes sociales busca posicionar que el análisis de transferencias, cheques y registros contables, ha demostrado, supuestamente, que los procesados recibieron pagos provenientes de sobornos pagados por la empresa china Sinohydro, canalizados a través de la empresa Comercial Recorsa C.A.. Según la teoría fiscal, se estructuró un esquema para distribuir más de 76 millones de dólares en dádivas para destrabar la adjudicación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Sin embargo, el contrainterrogatorio de las defensas durante la evacuación de la prueba arrojó una narrativa diametralmente opuesta, cuestionando la contundencia de las pruebas y denunciando una «espectacularización» del proceso. Las defensas sostienen que la Fiscalía no logró aportar la ruta del dinero que vincule los fondos privados con el soborno a un funcionario público y, sobre todo, que las imputaciones han sido altamente selectivas.
La selectividad de la Fiscalía: Cheques sin procesados
Durante el desarrollo del juicio procesal, las defensas demostraron que Comercial Recorsa C.A. emitió cheques y transferencias a un universo de 587 personas e instituciones. Entre los beneficiarios expuestos en la audiencia constan miembros de la Iglesia Católica como Monseñor Fausto Trávez (quien recibió pagos por $240.000) o instituciones como la Casa Sagrado Corazón y las Siervas de María.
A esta lista se suman familiares directos del empresario Conto Patiño que nunca fueron vinculados al proceso. Más grave aún, los documentos evidenciaron transacciones hacia personas que inicialmente fueron investigadas, pero que luego fueron sobreseídas por la propia Fiscalía, como Juan Simbaña (quien recibió más de $ 6 millones de dólares) o Ximena del Rocío Delgado (quien recibió $329,637). Todas estas personas percibieron cifras muy superiores a las de varios procesados, sin embargo, sus transferencias fueron consideradas «conductas neutras», mientras que para los llamados a juicio los mismos tipos de transferencias fueron calificados como cohecho.
El caso de Priscilla Burneo: El ejemplo de una acusación sin pruebas
El proceso penal en contra de Priscilla Burneo, nieta de Conto Patiño, se ha convertido para las defensas en el ejemplo más claro de los vacíos probatorios del ente fiscalizador. De los casi 60 minutos que tomó el alegato de apertura de la Fiscalía y la Procuraduría, menos de 3 minutos fueron dedicados a explicar las razones de la acusación en su contra.
La FGE acusó al «núcleo familiar Patiño» de haber recibido más de 58,8 millones de dólares como si se tratara de una bolsa común, sin individualizar responsabilidades directas al inicio del juicio. Al momento de contrastar esta narrativa con las pruebas documentales y periciales reales de la audiencia, la situación de Burneo se desvaneció frente a los elementos de cargo:
Firmas inexistentes
La Fiscalía argumentó que Burneo participó en una Junta General Extraordinaria el 23 de febrero de 2010 para ampliar el objeto social de Recorsa y facilitar la recepción de sobornos. Sin embargo, la prueba documental incautada y cinco peritajes diferentes solicitados por la misma FGE, demostraron que en el acta original no consta la firma de Priscilla Burneo.
Transacciones justificadas
Frente a los millones señalados por la Fiscalía, el expediente y las pericias financieras revelaron que Burneo recibió únicamente $67.921,45 dólares (a través de algunos cheques entre 2012 y 2014). La defensa probó que dichos montos no provenían de ningún ilícito, sino que correspondían exclusivamente a reembolsos por gastos médicos, pasajes y hospedajes que Burneo pagó previamente por la avanzada edad de sus abuelos. Esto fue plenamente justificado con decenas de facturas y correos electrónicos debidamente periciados.
Falta de ruta del dinero
En ningún momento del juicio la Fiscalía demostró que Burneo haya sido intermediaria o que haya transferido, ofertado o pagado un solo centavo a un funcionario público. Tampoco fue servidora pública ni laboró para Sinohydro o Coca Codo Sinclair.
Las pruebas presentadas en juicio
A lo largo del juicio por el caso Sinohydro, la Fiscalía ha presentado decenas de testigos, peritos y documentos con el propósito de sustentar su teoría del caso. Sin embargo, la naturaleza de varias de estas comparecencias ha trasladado parte del debate hacia una pregunta distinta: más allá del número de testimonios, ¿qué información aportó cada uno de ellos para acreditar los hechos investigados?
Las audiencias han permitido observar un amplio abanico de comparecencias. Algunas estuvieron orientadas a analizar documentación financiera y societaria; otras, a describir diligencias procesales; y varias se concentraron en incorporar al expediente información previamente difundida en medios de comunicación y plataformas digitales.
De los portales web a la sala de audiencias
Una parte de los peritajes estuvo dedicada a materializar información disponible en fuentes abiertas.
El perito Marco Aurelio Pazmiño compareció para incorporar al proceso publicaciones de portales digitales como Plan V y Periodismo de Investigación. Durante la audiencia, el contenido de estos reportajes fue leído y exhibido ante el tribunal como parte de la prueba documental presentada por la Fiscalía.
En el contrainterrogatorio se revisó una imagen relacionada con los nombres vinculados al proyecto Coca Codo Sinclair. Al ser consultado sobre la presencia de Priscilla Burneo en dicho material, el perito señaló que no encontró ninguna coincidencia ni referencia a ella.
La escena se repitió con otros peritos encargados de descargar contenido de YouTube, verificar su autenticidad y realizar cotejamientos de voz e imagen. Durante varias jornadas, el tribunal observó entrevistas concedidas años atrás a periodistas como Carlos Vera, convertidas ahora en elementos incorporados al expediente judicial.
Más allá de la autenticación técnica del material, estas comparecencias estuvieron orientadas a acreditar la existencia y correspondencia de contenidos públicos previamente difundidos.
Los testigos de los archivos y las diligencias
Otra parte de la prueba se concentró en actuaciones desarrolladas durante la investigación.
José Luis Ramírez Ramos compareció para describir los allanamientos realizados en oficinas vinculadas a NOVATEX y RECORSA. Su intervención se enfocó en detallar los espacios inspeccionados y la documentación encontrada durante las diligencias, incluyendo carpetas, archivadores y otros documentos levantados por los investigadores.
A estas comparecencias se sumaron representantes y oficiales de cumplimiento de distintas entidades financieras. Durante sus testimonios reconocieron documentación remitida a la Fiscalía, certificaron la entrega de estados de cuenta, microfilms de cheques y registros bancarios, y explicaron los procedimientos mediante los cuales esa información fue proporcionada a las autoridades.
Su participación estuvo relacionada principalmente con la autenticación y trazabilidad de documentos incorporados al expediente.
El debate sobre una firma que no apareció
Uno de los momentos más discutidos del juicio estuvo relacionado con un acta societaria fechada el 23 de febrero de 2010.
El perito Jorge Rodríguez Pillajo compareció para identificar documentación incautada durante los allanamientos. Entre los documentos revisados constaba el acta de una Junta General vinculada a RECORSA.
Durante el contrainterrogatorio se examinó el documento original incorporado al expediente. Al revisar el texto, se constató que junto al nombre de Priscilla Burneo Patiño no constaba firma ni rúbrica.
Posteriormente declaró el perito societario Gonzalo Lascano, quien explicó las implicaciones jurídicas de la ausencia de firmas en este tipo de documentos y los límites que ello plantea al momento de atribuir la voluntad de los accionistas.
La discusión se centró menos en el contenido del acta y más en el valor jurídico que puede otorgarse a un documento que carece de las firmas de quienes supuestamente participaron en él.
El análisis financiero y el origen de los recursos
Las peritos financieras Gabriela Morales y Ana Luisa Pérez presentaron los resultados de los análisis realizados sobre transferencias, cheques y movimientos económicos incorporados a la investigación.
Durante sus exposiciones revisaron operaciones vinculadas a personas naturales, empresas, familiares de procesados, organizaciones religiosas y otros beneficiarios que aparecen en la documentación financiera examinada.
A lo largo de la audiencia fueron consultadas sobre el origen económico de determinadas transacciones y sobre los elementos que permitían vincular esos recursos con los hechos investigados. En distintos momentos señalaron que, respecto de ciertas operaciones específicas analizadas durante la pericia, no fue posible establecer el hecho generador o económico correspondiente a partir de la información disponible.
Las comparecencias financieras ocuparon una parte significativa de las jornadas de juicio y estuvieron enfocadas en reconstruir el flujo de recursos reflejado en la documentación bancaria incorporada al proceso.
El investigador y la cronología de los hechos
También rindió testimonio William Vergara, agente investigador y autor del parte policial incorporado al expediente.
Durante su intervención explicó el alcance de la investigación realizada y el contenido del informe elaborado por la Policía. Consultado sobre la naturaleza de dicho documento, señaló que el parte recoge información obtenida durante la investigación y que no constituye una pericia especializada.
En el contrainterrogatorio se abordó el caso específico de Priscilla Burneo. El agente confirmó que ella no ejercía funciones públicas y explicó la cronología de los movimientos económicos examinados en relación con su caso.
Según la información presentada en audiencia, los movimientos atribuidos a Burneo corresponden al período comprendido entre 2012 y 2014, mientras que otros flujos económicos analizados dentro de la investigación se ubican en años posteriores.
La secuencia temporal de estos hechos fue uno de los aspectos discutidos durante la comparecencia.
Más allá del número de comparecencias
Después de varias semanas de juicio, el debate parece haberse desplazado progresivamente desde la cantidad de testigos y documentos incorporados al expediente hacia el contenido y alcance de cada uno de ellos.
Las audiencias han incluido desde la revisión de reportajes periodísticos y entrevistas disponibles en internet hasta el análisis de estados de cuenta, documentos societarios, allanamientos y movimientos financieros. En algunos casos, los testimonios se concentraron en autenticar información; en otros, en explicar procedimientos técnicos o reconstruir hechos específicos.
Será el tribunal el que determine el peso probatorio de cada elemento dentro del conjunto de la causa y establezca cuáles de ellos permiten acreditar los hechos investigados y la participación de los procesados.